El aumento desmesurado de cadáveres, derivado del recrudecimiento de violencia presenciado desde el 2010, ha dejado un total de 100,000 cadáveres relacionados con casos de Homicidios Dolosos. Tomando en cuenta un promedio anual de 20,000 casos, ha multiplicando la carga de trabajo en las instituciones de Procuración de Justicia, quienes atendieron la emergencia de un problema, por demás complejo, con los recursos materiales y humanos disponibles y bastante limitados, ante un aumento inusitado a niveles nunca antes vistos, que en semanas saturaron las capacidades de gran parte de los Servicios Médicos Forenses, sin un seguimiento rígido de protocolos homologados bajo estándares específicos en lo que identificación de cadáveres se refiere. Dicha situación a 4 años 10 meses, ha generado diagnósticos más acertados, encontrándonos con instituciones  desarticuladas y desintegradas que muestran un velo de indiferencia y apatía hacia las víctimas, permaneciendo los antecedentes plasmados en una hoja papel o archivero que difícilmente será abierto, o bien en el recuerdo de algún servidor público que busca tener menos expedientes o menor carga de trabajo, evocando la información a la memoria, la cual no es confiable, ya que se disgrega de forma paulatina.

Éstas son algunas de las razones por las que no se cuenta con mejores resultados, imperando la desinformación e imprecisión de datos de tipo cuantitativo y cualitativo, sin una adecuada implementación metodológicamente estructurada, sin un apoyo que aplique avances informáticos en esta materia y que son utilizados en el resto el mundo, brindándonos certezas, sin supuestos o aproximaciones que generen discrepancias, como las presentadas reciente4-1mente por la Secretaría de Seguridad Publica Federal y el INEGI, con diferencias de cifras respecto al número de homicidios.

Esto finalmente denota una falta de coordinación, debido a que son diversas fuentes de información en las que se basan, siendo en primer término los presentados mes a mes por las Procuradurías de los Estados, basadas en Averiguaciones Previas, y los que son elaborados tomando como base los Certificados de Defunción emitidos por el Sector Salud. En ambas se aprecian marcadas diferencias, por lo que no son del todo confiables y logrando sólo estimaciones en este rubro con el fin de proyectar políticas que sirvan para el mejoramiento de lo que ya se ha realizado; planteando las siguientes interrogantes a despejar a corto plazo:

  • ¿Numero total y actualizado de Cadáveres No Identificados?
  • ¿Protocolos o metodologías para identificación de cadáveres?
  • ¿Qué políticas pueden generar un cambio eficaz y que brinde certezas?

Recientemente se publicó  la actualización al mes de Agosto del presente año del número total de personas desaparecidas en México, reportando que cuentan con información de 22,322 de los cuales pudieran encontrarse algunos entre los 6,496 cadáveres No Identificados (N.I.) que fueron registrados del año 2011 al mes de Noviembre del 2013 y que tuvieron como destino la fosa común.

Las búsquedas, al no realizarse de manera metodológicamente estructurada, de forma continua y mediante procesos informáticos automatizados, son factibles de error al dejar un campo de estudio que puede clasificar y cruzar miles de datos en cuestión de minutos u horas, encontrándonos ante la posibilidad de que, al realizarlo de manera manual y al cúmulo de casos atendidos, pasarán por error en alguno de los filtros de identificación con los que contamos actualmente.

(Fragmento del artículo que se publica en NOVUS FUNERARIO Nº8, ya en circulación)

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